ccoo
anima a todo el personal de la administración de justicia para que participe
activamente en las movilizaciones para defender nuestros puestos de trabajo y el
servicio publico del registro civil.
Gallardón
se queda sin excusas: el Registro Civil debe ser servido por funcionariAS/OS
públicos de la
Administración de Justicia.
Madrid,
15 de abril de 2013.
El
Sr. Ministro de Justicia tuvo oportunidad en el Congreso de los Diputados de
justificar, a preguntas de un Diputado de la oposición, el Anteproyecto de Ley
de Reforma Integral de los Registros, elaborado por el Colegio de Registradores
de la Propiedad ,
al que al parecer el Gobierno le atribuye iniciativa legislativa en contra de
lo dispuesto en la
Constitución Española.
Un diputado del PSOE preguntó al
ministro para quién legisla con las reformas que plantea en los Registros
Civiles, que en principio van a pasar a ser gestionados por los registradores de
la propiedad, aparte de tener que pagar tasas por realizar cualquier gestión en
los mismos. Los argumentos de Ruiz Gallardón fueron que la propuesta inicial de
atribuir el Registro civil a los Registradores de la Propiedad la hizo ERC en
una enmienda al Proyecto de Ley de Registro civil, aprobado en el año 2011; y
que lo que molesta a la oposición es que el presidente del Gobierno sacase en
su momento una oposición de registrador de la propiedad y que el ministro de
Justicia pertenezca a la carrera fiscal, o que por ejemplo, el propio
Gallardón, cuente entre los miembros de su familia a funcionarios que "han
trabajado mucho y estudiado mucho para ocupar puestos de responsabilidad",
en referencia a su nuera.
Y es cierto: ERC presentó la enmienda número 39 al Proyecto de Ley de
Registro Civil, en la proponía que se añadiera a la Ley una nueva Disposición
Adicional Novena, con el siguiente texto «Cuando las necesidades del servicio lo exigieren
podrán demarcarse oficinas del Registro Civil a cargo de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España anexas a los respectivos
registros y en las localidades que se determinare en régimen de comisión de
servicios o por Real Decreto en que se establecerá el contenido y régimen
jurídico de la encomienda de gestión.». Dicha enmienda no es exactamente lo
que ahora defiende el Ministerio, sino bastante menos. Lo que no dice Gallardón
es que la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley
del Registro Civil, integrada entre representantes de todos los Grupos
parlamentarios incluidos el PP y ERC propuso el rechazo de dicha enmienda (BOCG
de 03.05.2011), y que ni siquiera se sometió a debate o votación en la Comisión
de Justicia del Congreso, en que se ratificó la ponencia (Diario del Congreso
de los Diputados de 4 de mayo de 2011). De todas formas, contentos tienen que
estar en ERC, partido independentista, de que el Gobierno del PP les haga caso
en sus propuestas.
También tiene
razón Gallardón cuando pone en valor a los funcionarios que han trabajado mucho
y estudiado mucho para ocupar puestos de responsabilidad. Sin duda también se
refiere a los miles de funcionarios de la Administración de Justicia que sin
los medios económicos y facilidades que tuvo el Sr. Gallardón y el Sr. Rajoy cuando
aprobaron sus oposiciones y desempeñan sus puestos de trabajo con dedicación,
lealtad y responsabilidad en las
oficinas judiciales, fiscales y de Registro Civil.
La llevanza
del Registro Civil exige una especial responsabilidad, y más todavía si se
aumentan los hechos inscribibles en el mismo tal y como establece el
Anteproyecto de Ley. Y esa especial responsabilidad sólo pueden tenerla los
funcionarios públicos. No basta, Sr. Gallardón, con que la Ley Hipotecaria de
1946 o la Ley del
Notariado de 1862, defina a los Registradores de la Propiedad o a los
Notarios como funcionarios públicos, cuando es bien conocido que su régimen
jurídico y económico difiere por completo del resto de funcionarios públicos de
España. No basta, Sr. Gallardón, porque además el personal que trabaja en
los Registros de la
Propiedad y las Notarias no son funcionarios públicos, sino
personal directamente contratado por el Registrador o el Notario
correspondiente, que con todos los respetos sobre su capacidad y
profesionalidad no ha tenido proceso público alguno de selección y ninguna
administración pública tiene control sobre su contratación o despido más allá
de lo que cualquier trabajador de una empresa privada y, además, no están
sujetos a los derechos y deberes de los funcionarios públicos.
El sistema informático que va a
gestionar los datos más íntimos y personales de todos los ciudadanos españoles
y de los extranjeros que viven en España ha de ser un sistema informático
público, gestionado por funcionarios públicos sujetos a los derechos y deberes
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Básico del
Empleado Público. Tal y como se pregunta la anterior
Directora General de los Registros y del Notariado, en un artículo publicado
recientemente, ¿consentiríamos que los archivos de la policía y Guardia Civil
fueran elaborados, tratados y gestionados por particulares? ¿Consentiríamos que
nuestros datos fiscales y las bases de datos públicas no fueran tratados por
inspectores y subinspectores y funcionarios públicos sino que se incorporasen a
bases de datos de propiedad privada y fueran gestionadas por personal
contratado y eventual? ¿Consentiríamos que los datos relativos a la Seguridad
Social fuesen incorporados a bases de datos de titularidad privada y
gestionados por personal contratado eventual? Sin duda alguna, la respuesta es
no.
La trascendencia de los datos que
almacena el sistema informático del Registro Civil, y su constitución en un Registro Civil único y electrónico para
toda España previsto en la Ley 20/2011, es motivo más que suficiente para que su
gestión no pueda ser encomendada a quien funciona en régimen de empresa privada
como son los Registros de la Propiedad, por más que a sus titulares se les
considere funcionarios públicos (lo son para lo que quieren), con empleados
eventuales tras la nueva regulación de las relaciones laborales, no sujetos al
estatuto y disciplina funcionarial.
Tal y como recuerda la anterior
Directora General de los Registros y del Notariado, nuestro derecho fundamental
a la privacidad está por encima de un anhelo gremial. No se olvide: los
derechos fundamentales lo son frente a los poderes del Estado. No se ha
avanzado en la defensa de la privacidad hasta alcanzar las altas cotas que
ofrece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal para que el
sueño de una noche de verano de un registrador de la propiedad y mercantil la
destrocen. El presidente del Gobierno es registrador de la propiedad y titular del Registro de Santa
Pola; el ministro de Justicia es suegro de una registradora de la propiedad y
cuñado de un registrador de la propiedad, el director general de los Registros
y del Notariado es registrador mercantil, el subdirector
general de Notariado y Registros es registrador de la propiedad. Estos son los
responsables políticos y administrativos que han tomado la iniciativa de
encargar la redacción de un anteproyecto de ley cuyo objeto es la “reforma
integral de los Registros”, en beneficio propio y de su colectivo, con la
excusa de una supuesta mejora en la gestión de los Registros civiles que el
propio Ministerio de Justicia, con sus acciones y omisiones, continuamente
perjudica. La realidad del
proyecto es que permite la descarada patrimonialización de la Administración
por los registradores de la propiedad, en su beneficio y no del servicio
público.
El carácter de servicio
público que tiene el Registro Civil, así como el carácter específico de los
hechos y actos del estado civil cuya constatación es objeto del Registro Civil,
que afectan directamente al contenido de derechos fundamentales de la persona
en cuanto tal, y la necesidad de su salvaguarda y privacidad exigen que el
Registro Civil esté servido en su totalidad por funcionarios públicos. El
registro de los datos relativos al estado civil, la formación de actos del
estado civil y la publicidad registral deben estar en todo caso fuera e
independiente del tráfico mercantil. Sr. Gallardón, no hay excusa que
valga: el Registro Civil debe seguir siendo servido por funcionarios públicos de la Administración de
Justicia.
¡¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DEL REGISTRO CIVIL,
SERVIDO POR PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!
MOVILÍZATE CON CCOO
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