MANIFIESTO DE CCOO EN DEFENSA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CCOO exige el incremento de medios personales y más y mejores medios
materiales y tecnológicos
La lentitud, la falta de independencia y el alejamiento
de la Administración de Justicia de la ciudadanía (que se ve frecuentemente
reflejado en resoluciones judiciales claramente apartadas de la opinión pública
mayoritaria), son para CCOO los principales problemas que aquejan a la
Administración de Justicia.
Este sindicato considera que el Gobierno español,
los Gobiernos Autonómicos con competencias transferidas y el Parlamento, deben
tomar ya medidas eficaces y pasar de las palabras a los hechos, arbitrando
soluciones efectivas para mejorar el Servicio Público de la Administración de
Justicia, esencial para el correcto funcionamiento del estado social y
democrático de derecho que propugna nuestra constitución.
Desde CCOO se proponen catorce medidas que el sindicato
considera imprescindibles y urgentes si de verdad se quiere conseguir una
Administración de Justicia eficaz, de calidad, independiente, con dignas
condiciones de trabajo de su personal y cercana a la ciudadanía
1.- Evaluación de los
actuales modelos organizativos y
generalizarlos si han resultado positivos o eliminarlos y modificarlos si no
han dado resultado. En concreto, deben evaluarse los resultados de la Nueva
Oficina Judicial y Fiscal, de los Servicios Comunes de Ordenación de Procedimiento
y de la jurisdicción separada, mixta o especializada en los órganos judiciales.
2.- Paralización de la
estrategia actual de implantación de nuevas
tecnologías hasta que no se asegure su óptimo funcionamiento.
3.- Incremento sustancial de
número de órganos judiciales
mediante la creación inmediata de 400 nuevas plazas de jueces y juezas, de 3500
nuevas plazas de letrados/as y personal funcionario y del número necesario de
fiscales para que ningún órgano judicial ingrese más asuntos de los que
razonablemente pueda resolver.
4.- Plan de choque para el “desatasco” de los más de 400 órganos
judiciales en los que hay colapso o inaceptables retrasos en el despacho de
asuntos, mediante la contratación de jueces/zas, fiscales y demás personal
sustituto o interino.
5.- Potenciación y extensión
a todas las localidades de la Justicia
de Paz o Justicia Municipal y mantenimiento de la estructura de partidos
judiciales como expresión de una justicia cercana a la ciudadanía.
6.- Garantizar condiciones laborales y retributivas del
personal, adaptadas al trabajo que se desarrolla y reduciendo las
diferencias salariales entre los distintos territorios.
7.- Eliminación de los puestos de libre designación,
especialmente en las altas instancias de la magistratura y fiscalía,
implantándose el concurso de méritos para la cobertura de todas las plazas como
garantía de independencia del poder político.
8.- Modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y
fiscal, sustituyendo la oposición por estudios de postgrado reglados e
impartidos en centros públicos con el objetivo de eliminar el carácter elitista
actual de las pruebas de acceso, que solo pueden estudiarse en preparadores
particulares, costosos y sin regulación ni control.
9.- Profesionalización del
personal de la Administración de Justicia estableciéndose la carrera profesional horizontal y
garantizándose la promoción interna en todos los cuerpos funcionariales y
cubriéndose por personal de carrera todos los puestos de trabajo de carácter
permanente.
10.- Funcionarización del
personal de Psicología, Trabajo Social, Peritos Tasadores/as,
Intérpretes-traductores/as y otras categorías del personal laboral que participan en la Administración de Justicia,
con un incremento sustancial de las plantillas que evite tener que recurrir a
profesionales del ámbito privado y creándose nuevas categorías profesionales
como, por ejemplo, la de economistas forenses.
11.- Reversión a lo público
de los servicios privatizados
(solicitudes de nacionalidad por residencia, actos de comunicación, matrimonios
civiles, servicios de psicología, traducción, archivos, atención al usuario de
las nuevas tecnologías, etc.).
12.- Mantenimiento de todas
las actuales oficinas del Registro Civil
en el ámbito de la Administración de Justicia.
13.- Mejora y dignificación
de todos los edificios judiciales,
fiscales, institutos de medicina legal e instituto nacional de toxicología y
ciencias forenses.
14.- Cumplimiento inmediato
de la ley y directivas en materia de especialización, formación y garantías
para las mujeres maltratadas en los juzgados competentes en materia de violencia sobre la mujer.
Por último, desde CCOO exigimos, como punto de
partida, la retirada de las enmiendas
que unilateralmente ha propuesto el Gobierno a la Ley Orgánica del Poder
Judicial (especialmente la del art. 421 que establece todo el municipio
como centro de destino) sin contar con el consenso necesario y sin haber sido
negociadas ni consultadas con las organizaciones sindicales que legítimamente
representamos al personal de la Administración de Justicia.
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